- Un diagnóstico y una declaración de principio coincidentes con la Declaración Institucional del Parlamento Vasco de 15 de marzo de 1985. En acatamiento de lo expresado en dicha declaración aprobada por unanimidad de los Grupos Parlamentarios, la denuncia de la falta de legitimidad de las organizaciones que utilizan la violencia para expresar la voluntad del Pueblo Vasco y, consecuentemente, el rechazo de su pretensión de negociar los problemas políticos del Pueblo Vasco que únicamente deben serlo entre los partidos políticos con representación parlamentaria, el Gobierno Vasco, y en su caso, el Gobierno del Estado.
- La adopción y aplicación de las medidas propuestas en el informe sobre la violencia elaborado por la Comisión Internacional de Expertos (Informe Rose)". (176)
- que lo de ETA va para largo
- que el Estado español no está legitimado en Euskadi.
La causa profunda de la escisión del PNV: el fracaso del Estatuto como apuesta del PNV y como legitimador del Estado español en Euskadi
reproduce el texto del capítulo 7 del libro de Justo de la Cueva La escisión del PNV. EA, HB, ETA y la deslegitimación del Estado español en Euskadi Sur, Txalaparta, Bilbao, 1988.Digitalizado por ARGALA TALDEA para la RED VASCA ROJA.
7. La causa profunda de la escisión del PNV: el fracaso del Estatuto como apuesta del PNV y como legitimador del Estado español en Euskadi.
7.12. El problema de ETA y su represión, el Decálogo del Gobierno Vasco, y el informe de los "expertos".
Un punto clave del Pacto de Legislatura era el segundo, dedicado a los temas de "violencia, terrorismo y convivencia democrática". Implica el compromiso expreso de "trabajar coordinadamente, desde las exigencias de un Estado de derecho, en la lucha contra la violencia y el terrorismo", al que se califica de "lacra social". Se afirma que no existe justificación alguna para la violencia porque "en un sistema de libertades todas las ideologías deben ser defendidas democrática y pacíficamente". Se cierra la puerta a una negociación directa con ETA al afirmar que "Los problemas políticos del País Vasco solamente deben ser negociados entre las fuerzas con representación parlamentaria, el Gobierno Vasco y, cuando proceda, el del Estado". Se cierra también la posibilidad a la práctica del Gobierno Gariakoetxea el año anterior (oponerse aún cuando sea verbalmente a las extradiciones de presuntos miembros de ETA) con la fórmula: "las relaciones internacionales son una materia de competencia del Gobierno del Estado, en la que ningún poder público ajeno a aquél puede actuar e interferir, principio que se extiende a la vertiente internacional de la lucha contra el terrorismo".
El problema estriba en que la acción de ETA y la represión policial están, como hemos señalado ya antes en estas páginas, inextricablemente unidos al problema clave de la legitimación del Estado español en Euskadi. Conviene que en este momento volvamos al estudio que en el nº 1 de Cuadernos de Alzate publicó José Ramón Recalde bajo el titulo de Legalidad, legitimidad, lealtad, ya ciatado aquí, para comprobar como el empleo de la tortura y la actuación de organizaciones paralelas (el siniestro GAL que actúa ferozmente en 1985) comportan lo que Recalde llama "Déficits en la legitimidad de ejercicio". Precisamente bajo ese título abre Recalde todo un epígrafe de su estudio en el que dice:
"Un Estado debe confrontar las bases de su legitimidad, no sólo por la aceptación de su Constitución sino, además, por el ejercicio de su propio poder. Y en este sentido sí que podemos observar cómo el poder del Estado, que se ejerce por medio de la distribución de bienes y servicios (y de competencias en un sistema autonómico) ha de enfrentarse ante crisis de legitimación que el mismo sistema de poder provoca.
Vamos a argumentar esta situación con algunos ejemplos significativos, que se plantean con frecuencia como objeciones a la legitimidad del Estado.
En primer lugar, el compromiso del Estado con la violencia ilegítima. El argumento no tiene un contenido autonómico pero el hecho de que esa violencia sea ejercida muy fundamentalmente contra militantes del nacionalismo radical y el que la imputación de ilegitimidad se haga sobre todo desde el nacionalismo, convierten al mismo en un tema de crisis de legitimidad que afecta muy en particular al sistema político nacional-autonómico. Sus dos variantes son el empleo de la tortura y la actuación de "organizaciones paralelas". (GAL).
En segundo lugar, la falta de desarrollo del sistema autonómico, que tiene también dos variantes: el criterio restrictivo en la atribución de las autonomías y la negación del derecho de autodeterminación.
La acusación al sistema político, con estos dos argumentos, no tiene el mismo alcance cuando se lanza desde el Partido Nacionalsita Vasco que cuando procede de Herri Batasuna. Para el primero, estas causas tiñen de ilegitimidad al sistema y explican que se produzca la violencia de ETA. Para el segundo, además de teñir de ilegitimidad al sistema, justifican la violencia de ETA".
Como es lógico Recalde se apresura a descalificar esa justificación de ETA diciendo a renglón seguido que:
"El segundo razonamiento está distorsionado puesto que la violencia de ETA es una fuerza con dos ilegitimidades básicas; la de origen, puesto que pretende imponerse contra la voluntad popular mayoritaria, libre y repetidamente expresada, la de ejercicio, puesto que, a su vez, consiste en el empleo de una fuerza contra los derechos individuales básicos de vida y libertad. Aunque el poder del Estado no estuviera suficientemente legitimado, ello no absolvería a ETA de una ilegitimidad mucho mayor". (173)
Pero por propia coherencia se ve obligado a examinar el argumento de la ilegitimidad de ejercicio sobrevenida por el empleo de la tortura y la actuación del GAL, diciendo:
"El primer razonamiento, el que con frecuencia se lanza desde el PNV, es el que argumenta la ilegitimidad del Estado y explica por ello la violencia de ETAm aunque no la justifique. Dejemos de lado la segunda parte de la frase –el estudio y crítica de las causas que explicarían la violencia de ETA- y reduzcamos el análisis a la primera parte: el Estado ilegitimado por esas causas alegadas.
El cuadro de respuesta a esta alegación debe situarse en una consideración globar del sistema y en un análisis de las circunstancias de hecho que han producido sus deficiencias. Sería, en efecto, un defecto de enfoque enjuiciar que, porque se producen fallos en el funcionamiento democrático, la democracia deja de existir, ya que un sistema político no es un ideal perfecto. Y sería una falta de perspectiva aislar la consideración de los vicios de modo que dejaran de examinarse en el conjunto.
Dicho esto, y por lo que hace referencia al compromiso del Estado con la violencia ilegítima, ésta compromete a la credibilidad del Estado tanto en el caso de la tortura como en el de los atentados criminales del GAL. Podemos tener la seguridad moral de que la tortura es algo más, en España, que la práctica clandestina aislada de aislados miembros de las fuerzas de seguridad. Es una práctica no sistemática y no habitual, pero con una frecuencia suficiente como para que el sistema coactivo del Estado resulte implicado. Es una práctica además, que se causa con apreciablemente mayor frecuencia por fuerzas de la Guardia civil. ¿De qué modo resulta implicado en la continuación de esta práctica el gobierno del Estado? Por autoría o por complicidad, si la ordena o la consiente de algún modo; por encubrimiento, en todo caso. Y, desde luego, no cabe duda de que, sin pretender por ello descalificar un sistema de libertades como el que la Constitución ha instaurado, la persistencia de la tortura sigue mostrando un déficit de legitimidad importante en el Gobierno, en parte compensado, desde el sistema estatal, como conjunto, por la capacidad sancionadora que comienzan a mostrar los jueces frente a estos delitos".
Quisiéramos en este punto subrayar al lector hasta qué grado este texto es una palmaria demostración de la evidencia social en Euskadi de la tortura a los vascos en las comisarías y los cuartelillos de la Guardia Civil. El hombre que ha escrito el párrafo anterior no es un planfletario agitador de HB. Es un profesor universitario que dos años después de escribir esas líneas va a ser aportado por el PSOE como Consejero de Educación en el Gobierno de coalición PNV-PSOE. Y no escribe, no publica, esas terribles afirmaciones en una oscura y especializada revista académica. Las publica en una revista que se vende en los kioscos de prensa, que tiene al PSE-PSOE como editor responsable y que pretende ser la herramienta de influencia del PSE-PSOE en la cultura vasca. Si se tiene en cuenta todo esto y se repasa el párrafo anterior es preciso concluir que la evidencia social de la tortura a los vascos en las comisarías de policía y en los cuartelillos de la Guardia Civil es tal que incluso el PSE-PSOE la admite como un dato de la realidad.
A continuación Recalde acomete el tema del GAL:
"El Estado no responde, en cambio, de la violencia que se practica ilegalmente y fuera del control de su fuerza. A lo sumo cabría imputarle inefectividad en su represión. Así, en principio, no respondería ni de la violencia de ETA ni de la del GAL Pero es difícil enjuiciar, con respecto de esta última violencia, que se practique totalmente fuera del control del Gobierno. No hay razones suficientes para atribuir al gobierno la planeación de los crímenes del GAL. ¿Es imaginable, sin embargo, deducir que no podrían haber sido impedidos, o limitados, con una actividad más celosa y menos tolerante? El argumento utilitario –"no vamos a oponernos a que otros acaben con ETA, que es precisamente la que está poniendo en peligro la democracia"- unido a la hipocresía leguleya- "al fin y al cabo, el Gobierno no va a hacerse responsable de actos que se comenten fuera de las fronteras"- está demasiado extendido en el ámbito de la sociedad civil –incluso de ideología nacionalista –como para que las razones de ética política no deban ser recordadas: es el modelo mismo de convivencia democrática el que resulta degradado con la admisión social de tal argumento y con el encubrimiento o desidia en la represión pública de tales crímenes. Razones hay muchas para apreciar que estas acciones son el pasivo de un balance democrático, en el que el activo es mucho mayor y, por tanto, el saldo de legitimación del sistema sigue siendo positivo. Pero desde luego, el déficit de legitimación que comporta la pasividad y la tolerancia del Gobierno ante esta práctica es notable". (174)
Durante 1985 el GAL sigue actuando y matando vascos. Y se publican actuaciones de Tribunales franceses, italianos y portugueses en las que aparecen implicaciones del GAL con aparatos de seguridad del Estado español. Y se publican declaraciones de Guardias Civiles que denuncian implicaciones de ellos mismos y de otros miembros del Cuerpo con el GAL. Y las encuestas muestran que una parte substancial del puelbo vasco considera que el Gobierno español está detrás del GAL. Y continúan las denuncias de torturas y se producen procesamientos de policías y de guardias civiles y algunas condenas de los mismos delitos de torturas. Y el "caso Zabalza" conmociona a Euskadi.
Todo ello produce dificultades para el PNV que tiene un Gobierno vasco comprometido por el Pacto de Legislatura con el PSOE. Y que, además, tiene que afrontar la continuidad de la acción de ETA.
El 7 de marzo de 1985 muere en atentado el teniente coronel del Ejército español Díaz Arcocha, mando de la Policía Autonóma Vasca. Al día siguiente ETA militar asume el atentado. El día 13 el Gobierno vasco hace público un "Decálogo" contra ETA que es enseguida duplicado (endureciendo sus expresiones) por el Parlamento Vasco.
En ese "Decálogo" figura recogida una antigua iniciativa de Arzalluz. La de constituir una comisión de "expertos" internacionales que elaboren un informe sobre la violencia en el País Vasco. Es una iniciativa que va a realizarse y que será esclarecedora de un problema que afecta a la inserción del PNV en la conflictiva realidad vasca y que, por ello, va a influir en el proceso de su escisión.
Nos referimos a la evidencia de que entre las dos definiciones sociales de la realidad ETA (la que hace el Gobierno español y la que hace la izquierda vasca radical) el PNV está más cerca de la segunda que de la primera. Lo cual, mientras mantiene un Pacto de Legislatura con el PSOE, le provoca graves problemas de coherencia.
Para el Gobierno español del PSOE ETA es sólo una banda de asesinos con la que es imposible negociar, que tiene un apoyo popular decreciente constituido por un sector de vascos que está moralmente enfermo.
La definición social de la realidad ETA que hace la izquierda vasca radical está en las antípodas de la definición del Gobierno español. El discurso de esa izquierda vasca sostiene que ETA es una organización política que practica la lucha armada contra un Estado cuya legitimación niega para Euskadi (Euskadi no aprobó la Constitución). Los militantes de ETA son "los gudaris de hoy", los soldados vascos que luchan por la libertad de Euskadi. Las aspiraciones de ETA son compartidas por la inmensa mayoría del pueblo vasco. Hay que negociar la paz a partir de la alternativa KAS.
El nacionalismo vasco moderado (el del PNV) matiza esa definición de la realidad (es evidente que no comparte que la mayoría del pueblo vasco apoye las aspiraciones de ETA –todas, porque si lo afirma respecto de la independencia-) pero sostiene varios de sus elementos.
Tal vez el mejor indicador de esa adhesión parcial y con matices sea la complacencia con que el Gobierno Ardanza y el PNV han recibido el "Informe de la Comisión Internacional sobre la violencia en el País Vasco" elaborado por Sir Clive ROSE (presidente), Profesor Franco FERRACUTI, Dr. Hans HORCHEM, Dr. Peter JANKE y Profesor Jacques LEAUTE. Informe cuya elaboración fue contratada por el Gobierno Vasco de ARDANZA el 5 de junio de 1985 y que fue entregado nueve meses después. Transcribimos, del texto íntegro publicado como suplemento del diario DEIA del sábado 5 de abril de 1986, los siguientes fragmentos:
"Muchos vascos son o han sido miembros de ETA o tienen parientes cercanos que lo son… Es notable la ausencia de una patología mental de las personalidades de los miembros de ETA. Al parecer disfrutan de relaciones normales con su familia y semejantes y del soporte material. No son gente enajenada… Se deben evitar las calificaciones negativas (como loco, criminal, etcétera). Simultáneamente, se debe reconocer el papel histórico de ETA en la defensa de los valores y costumbres étnicos, junto con su papel de grupo principal en la lucha contra Franco. En aquel momento, la imagen de ETA era de movimiento moralmente legítimo, de luchadores por la libertad… Los miembros de ETA que han sido puestos en libertad ganan popularidad, el apoyo popular y una imagen de héroe… La violencia en el País Vasco no se origina desde el exterior ni tampoco depende de conexiones internacionales; es un problema cuyo origen está arraigado en la historia vasca y que los propios vascos deben solucionar… La decisión en 1960 por algunos nacionalistas militantes, de iniciar una campaña de violencia, no fue motivada por factores económicos. Se tomó en primera instancia debido a la abolición por los vencedores de la guerra civil de antiguos y establecidos derechos tradicionales y a la negación durante 20 años de cualquier expresión de carácter nacionalista. En 1961, la posibilidad de lograr por medios políticos cualquier cambio en estas circunstancias parecía remota, ya que no existían cauces democráticos a través de los cuales se pudieran expresar los sentimientos nacionalistas. La violencia siguiente tomó la forma de una lucha por la liberación nacional del dominio de una dictadura autoritaria que se ejercía desde Madrid. Por lo tanto, bajo la dictadura, el recurso a la violencia pareció justificado y se consideró como héroes a aquellos que actuaron de este modo. Encontraron la simpatía y el apoyo en varias capas de la sociedad vasca. Ellos mismos se consideraron, y fueron considerados, como la vanguardia de la lucha para recuperar la identidad nacional…
…. La comisión recomienda enfáticamente que nunca se excluyan las negociaciones como una opción política". (175)
Queremos subrayar, respecto de esta transcripción de fragmentos del Informe de la llamada "Comisión de expertos", tres cosas Primera: que lo transcrito podría perfectamente ser firmado por ETA, por HB o por el amplio campo de la izquierda vasca radical. Segunda: que forma parte de un Informe fervientemente alabado por el Gobierno de Ardanza y por el PNV. Tercera: que está en las antípodas de la definición social de la realidad ETA que actualmente hace el Gobierno español del PSOE.
Naturalmente esos fragmentos son eso, fragmentos. Y en el Informe se añaden afirmaciones que en ningún caso podrían aceptar ETA o HB y que sin embrago comparten PNV, Gobierno ARDANZA y Gobierno español PSOE. Por ejemplo: después del párrafo, transcrito, en el que se dice que bajo la dictadura el recurso a la violencia pareció justificado, el Informe añade:
"Desde el restablecimiento de la democracia y, aún más, desde el Estatuto de Autonomía de 1979, esta justificación ya no existe".
Por ejemplo: inmediatamente detrás de la frase, transcrita en la que se afirma el papel principal de ETA en la lucha contra Franco y que "En aquel momento, la imagen de ETA era de movimiento moralmente legítimo, de luchadores por la libertad", el Informe añade:
"En la situación política actual, la guerra de ETA contra el Gobierno Español democrático no es ya legítima".
Pero lo que nos importaba era mostrar al lector que el Informe de la "Comisión de expertos", asumido y alabado por el PNV, incluye una descripción del fenómeno ETA claramente contradictoria de la definición que formula el Gobierno Español del PSOE.
Ello plantea un problema muy serio. El "Decálogo" del Gobierno Ardanza contra la violencia había sido endurecido por la Declaración Institucional del Parlamento Vasco de 15 de marzo de 1985, aprobada por unanimidad (votaron a favor todos los Grupos parlamentarios, menos naturalmente el de HB que no acude al Parlamento). Sucede que esa declaración cierra completamente el paso a la negociación política con ETA mientras que el informe de los "expertos" recomienda enfáticamente que "nunca se excluyen las negociaciones como una opción política".
El problema se ha agravado, si cabe, con el acuerdo para el Gobierno de Coalición PNV-PSOE de 1987. El acuerdo se convierte en esquizofrénico porque establece en su apartado II.3. que:
"Una estrategia global frente al problema de la violencia debe comprender:
Si se recuerda que precisamente la recomendación final, la que hace el nº 51 de las Recomendaciones que cierran el Informe Rose se titula "Negociaciones" y su texto es (lo que repetiremos una vez más):
"La comisión recomienda enfáticamente que nunca se excluyan las negociaciones como una opción política"
Se entenderá que hayamos llamado esquizofrénico al acuerdo PNV-PSOE sobre el que se asienta su Gobierno de Coalición.
Permítasenos que insistamos sobre el tema. El capítulo 11 del Informe Rose se titula "Plan de concienciación". Su último apartado, el numerado 11.4.1 dice textualmente así:
"Al principio del capítulo 1 de este informe, la comisión expresó la opinión de que, dada la naturaleza del problema de la violencia en el País Vasco, se podría formular una estrategia para resolverla. Propuestas para tal estrategia han sido presentadas en el capítulo anterior. Además de los demás elementos de la estrategia, existe una opción de negociación. DADO QUE ETA ES UN HIJO DESAFORTUNADO DE LA DICTADURA Y QUE SUS ACTIVISTAS SON VASTAGOS DEL PNV, la comisión recomienda enfáticamente que nunca se excluyan las negociaciones como una opción política".
Las negritas y las mayúsculas son nuestras.
La esquizofrenia del acuerdo en que se basa el Gobierno de Coalición PNV-PSOE es evidente. Tan evidente que el Presidente del EBB la asume abiertamente en una entrevista publicado por El Correo Español-El Pueblo Vasco del 29 de marzo de 1987 cuyo titular a tres columnas es una rotunda afirmación suya: "NOSOTROS NO ASUMIMOS LA POLITICA DEL ESTADO O DEL PSOE SOBRE LA VIOLENCIA".
El entrevistador le dice:
"Los socialistas dicen que la firma del acuerdo de Gobierno implica que el Partido Nacionalista Vasco se compromete a asumir la estrategia del Estado sobre la violencia. ¿Esto es así?
Para recibir esta increíble respuesta de Arzalluz (que ha firmado ese acuerdo en nombre del PNV):
"Entiendo que esa no es nuestra interpretación. Nosotros no asumimos ninguna política del Estado ni siquiera del propio PSOE. Hemos hecho simplemente un programa concreto para este gobierno. Se ha asumido un pronunciamiento del Parlamento vasco sobre el "no" a la negociación política con ETA, aunque caben naturalmente interpretaciones diferentes de esa negociación política. Curiosamente si repara en el capítulo del pacto sobre la violencia, hay que ver también que se asumen las recomendaciones del Informe Rose, que no excluyen las vías de diálogo. Nosotros asumimos lo que dijo el Parlamento Vasco, pero no la política que puede llevar el Estado, con la cual podemos tener serias discrepancias".
Más adelante Arzalluz precisa que "en lo que no estamos de acuerdo es en el diagnóstico general al enfocar el problema de ETA y en las vías de solución". Y contesta con un escueto y rotundo NO cuando le preguntan "¿No cree usted que el final (de ETA) esté próximo?". (177)
Tres días antes, el 27 de marzo de 1987, el influyente comentarista de El Correo Español-El Pueblo Vasco José Antonio Zarzalejos ha titulado su columna diaria "Trágicas realidades" emitiendo un diagnóstico y un pronóstico muy coincidentes con el de Arzalluz. Refiriéndose al problema de ETA ha escrito:
Las negritas y las mayúsculas son nuestros. Porque Zarzalejos (Vicente Copa es su pseudónimo) está denunciando, ¡en marzo de 1987 y con un Gobierno de coalición PNV-PSOE! las dos caras de la moneda de la realidad vasca:
Las dos caras de una moneda cuyo valor como significante es nítido: el Estatuto ha fracasado como legitimador del Estado español en Euskadi. Y, por eso, ha fracasado también como apuesta del PNV.
Y por ambas cosas a la vez se ha escindido el PNV.
Entremos ya en el detalle de cómo ambos fracasos condujeron a la escisión del PNV. Referiremos en sucesivos apartados tres movimientos coincidentes: 1) el PSOE llega a la conclusión de que la 2ª apuesta del PNV por el Estatuto (el Pacto de Legislatura) no ha sido eficaz para legitimar el Estado español en Euskadi. Lo probaremos con las propias exposiciones del PSOE sobre el tema en dos momentos clave: antes de las elecciones de junio y antes de las elecciones de noviembre. Contenidas en los números 3 y 4 de Cuadernos de Alzate. 2) el PNV sufre el castigo del electorado en el Referendum OTAN y en las elecciones de junio y hace de ambos reveses la lectura de que el Pacto de Legislatura ha fracasado.; 3) una fracción del PNV (la que luego se convierte en EA) lee esos reveses como prueba de que la 1ª apuesta por el PNV por el Estatuto ha fracasado.
7.13. El nº 3 de Cuadernos de Alzate constata el fracaso de la 2ª apuesta del PNV por el Estatuto.
NOTAS AL SUBCAPITULO 7. 12º
(173) José Ramón Recalde: "Legalidad…, op. cit. página 61.
(175) Clive Rose et alii: Informe de la Comisión Internacional sobre la violencia en el País Vasco, suplemento extra de DEIA 5 abril 1985.
(176) PNV-PSOE: "Acuerdo de Gobierno PNV-PSOE", DEIA 28 de febrero de 1987, páginas 7 y 8.
(177) J.C. Viloria: Entrevsita a Xabier ARZALLUZ: "Nosotros no asumimos la Política del Estado o del PSOE sobre la violencia", en el CORREO ESPAÑOL-EL PUEBLO VASCO, 29 de marzo 1987, página 18.
(178) Vicente Copa: "Trágicas realidades", en EL CORREO ESPAÑOL-EL PUEBLO VASCO, 27 de marzo de 1987, página 13.
